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El boletín mensual del Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP) - 15 Mar 2019

GAFAM: Estados liliputienses contra gigantes digitales

Uno de los desafíos de la próxima década será la relación entre los grandes grupos del mundo digital, llamados GAFAM (de Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), y los Estados. Estas empresas están ganando cada vez más importancia en la economía mundial y convirtiéndose en entidades capaces de competir contra los Estados y sorprenderlos. En conjunto, facturaron 645 000 millones de dólares en 2018, una cifra próxima al PIB suizo, y obtuvieron 130 000 millones de dólares en beneficios netos.

Gráfico 1 — La inversión empresarial interna y la inversión extranjera en inteligencia artificial en el año 2016 en Estados Unidos, Europa y Asia. Fuente: McKinsey, 2017

 

Estos grupos invierten sumas colosales en inteligencia artificial, a un ritmo que los Estados apenas pueden seguir. En 2018, los gigantes digitales invirtieron no menos de 100 000 millones de dólares en estos proyectos[1]. Teniendo en cuenta la importancia de los datos en la economía del futuro, este avance amenaza con situar a los Estados en una posición de fuerte dependencia con respecto a estos grupos.

Sin embargo, estos grupos, que como muestra la economista Mariana Mazzucato en una obra reciente[2], deben mucho a la investigación pública, en gran parte han construido su poder sobre la optimización fiscal y los vacíos legales, principalmente en relación con la cuestión de los datos. Ante esta nueva potencia económica, los Estados parecen haber tomado consciencia de la necesidad de limitarla. Desde este punto de vista, 2018 ha marcado un verdadero punto de inflexión. Recientemente, en la carta a los europeos que ha marcado su entrada en la campaña para las elecciones europeas, Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, ha justificado la “necesidad de Europa” por la necesidad de “hacer frente a los gigantes digitales”[3].

En este artículo, evaluaremos las posibilidades de éxito de los diferentes proyectos de fiscalización que atañen a GAFAM, conscientes de que la solución que finalmente se adopte dirá mucho de los principios de gobernanza supranacional del siglo XXI. Por tanto, es una cuestión bastante importante…

GAFAM frente a la desconfianza

De GAFAM, Facebook es el grupo que más dificultades ha experimentado en 2018. Tras el escándalo de Cambridge Analytica, que reveló que Facebook había permitido a una empresa británica trasvasar datos de usuarios por encargo de los equipos de campaña de Donald Trump[4], la empresa se vio envuelta en un nuevo escándalo de confidencialidad a finales de año[5]. Las autoridades estadounidenses han aprovechado estos momentos de debilidad para pedir cuentas a Facebook, pero también a Google y a Twitter, sobre su capacidad de controlar la difusión de noticias falsas y los intentos de manipulación de la campaña presidencial estadounidense de 2016. Entre los altos directivos de estos grupos se encuentra Mark Zuckerberg, director general de Facebook, quien tuvo que disculparse ante el Senado[6], que criticó sus respuestas “tardías e incongruentes”. Recientemente, Elisabeth Warren, candidata a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, ha arremetido igualmente contra GAFAM, hablando de “desmantelar”… y no es la única[7]. Críticas similares han surgido en Europa y particularmente en Francia, donde Emmanuel Macron no para de acusar a las redes sociales de ser una fuente de problemas. Incluso ha propuesto una agencia permanente europea “de defensa de la democracia” para controlar la difusión de noticias falsas en las redes[8]. Así pues, se está extendiendo una disposición a controlar políticamente los contenidos y métodos de GAFAM, cuyo modelo se basa precisamente en una recolección exhaustiva e indiscriminada de datos.

De forma paralela, los Estados han comenzado a responder tímidamente, pero con una determinación inédita. Para empezar, está la sanción récord de 4 340 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Google en julio de 2018 por obstaculizar la competencia con su sistema operativo Android[9]. Una multa que sigue a la impuesta a este mismo grupo en 2017 (2 420 millones de euros)[10]. Asimismo, en 2018 Apple acabó por pagar 15 000 millones de euros a Irlanda, a pesar de la negativa de Dublín, de conformidad con la Resolución de Bruselas de 2016 de juzgar ilegales las ventajas fiscales otorgadas a la empresa por este país a lo largo de los últimos diez años[11].

Por último, en enero de 2019, para sorpresa de todos, 127 países se han puesto de acuerdo para que, de aquí a 2020, estos grupos paguen impuestos en los países en los que generen beneficios de forma efectiva. Es la OCDE la que se encargará de elaborar las propuestas al respecto a los países del G20[12]. El objetivo es llegar a establecer una imposición mínima. Mientras tanto, ciertos países, como Francia[13] o España, han instaurado “impuestos GAFAM” locales que, aunque poco ambiciosos, preparan el terreno antes de desaparecer una vez se haya llegado a un acuerdo mundial. Otros países, como Austria o Italia, barajan la posibilidad de hacer lo mismo.

Parece que la tolerancia con las agresivas estrategias de optimización fiscal de estos grupos llega a su fin. Estados Unidos trata de recuperar parte de sus reducciones de impuestos sobre sociedades acordadas en el marco del plan Trump y que es necesario financiar, mientras que Europa sigue buscando financiación para dinamizar un crecimiento que se mantiene desesperanzadoramente débil.

A nivel global, GAFAM ha pasado de ser un modelo a seguir a convertirse en la oveja negra que todos o prácticamente todos los Estados desean meter en el redil. Pero no será fácil, pues los Estados han despertado tarde y su contraofensiva es relativamente débil y desorganizada.

Una importante capacidad de resistencia

Desde el punto de vista impositivo, es difícil determinar qué forma adoptará la imposición mínima que plantea la OCDE. El margen de maniobra es muy delicado, pues el modelo económico de varios países depende de su capacidad para atraer a GAFAM. Es el caso de Irlanda, que ha bloqueado toda posibilidad de impuesto europeo[14] y podría abogar por un acuerdo a mínima que preserve sus ventajas en este ámbito. En septiembre de 2017, el Consejo Fiscal irlandés advirtió que un impuesto europeo sobre GAFAM supondría un “peligro mayor que el brexit para la economía irlandesa” y que podría costar hasta 4 000 millones de euros al presupuesto del país[15]. Dadas las circunstancias, Irlanda rechazó este proyecto y ganó la batalla. Ante la OCDE, podría jugar el mismo papel desde una posición de poder: la libre circulación de capitales en la UE otorga a aquellos que no participan del juego una clara ventaja.

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