El cambio climático ha ido modificando nuestra relación con el agua, introduciendo el poder y la política en las cuestiones de derechos humanos relativas al acceso y la gestión, ya que los que carecen de poder se ven especialmente afectados por ello. Además de la cuestión del acceso al agua potable para uso doméstico, también es una cuestión de soberanía sobre el paisaje[1]. El agua también sirve para muchos fines de desarrollo y cohesión social: tanto si la consideramos excesiva como escasa, inadecuada y, muy a menudo, insegura, a escala mundial, europea o local, la protección de este recurso natural fundamental requiere estrategias de gobernanza sólidas, por el bien común de los ciudadanos, que tienen derecho a controlar el paisaje en el que viven.
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