GEAB Informe especial
La crisis financiera seguida por la crisis de la deuda ha llevado a un cambio sustancial en el mandato del Banco Central Europeo (BCE) y en la práctica a disposiciones más políticas. El BCE ha adquirido mandatos implícitos para salvaguardar el euro, pero también una política económica que va mucho más allá del objetivo original de la estabilidad de precios. La ambigüedad actual no puede durar y la ampliación del mandato podría ser uno de los grandes debates europeos de principios de los años 2020.
En el informe del BCE, publicado el 28 de marzo de 2017 por la Asociación contra la Corrupción y la Transparencia, titulado Transparencia Internacional[1], se planteó claramente la naturaleza del mandato de la institución y sus consecuencias para su responsabilidad. “Las medidas extremas tomadas por el BCE desde 2008“, dice el informe, “empujaron el mandato del BCE a su punto de ruptura, desafiando el marco de responsabilidad de la institución“. Desde su nacimiento hace cerca veinte años, el mandato del BCE nunca había parecido tan obsoleto.
La exitosa década del mandato original
Este mandato fue definido por el artículo 127 del Tratado de Maastricht de 1992 y hace del BCE el guardián de la estabilidad de precios en la zona euro[2]. Esta estabilidad, que posteriormente fue definida por el Consejo de Gobierno como “un incremento interanual del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) para la zona del euro inferior al 2%”[3], es jurídicamente una responsabilidad exclusiva del BCE. A su ex presidente hasta el 2011, Jean-Claude Trichet, le gustaba repetir de vez en cuando que tenía “una aguja en su brújula”[4], que era la estabilidad de precios. Su sucesor, Mario Draghi, no deja de martillear los términos del contrato mencionado[5].
Este es un mandato muy restrictivo en relación con los otros grandes bancos centrales, que a menudo tienen objetivos de crecimiento o incluso objetivos definidos con el gobierno. En este caso, el mandato es estricto y su garantía se basa en su independencia frente a la política, siempre bajo sospecha, dentro de la lógica fundadora de la zona euro, de tratar de perturbar esta estabilidad monetaria. Una vez más, el BCE es uno de los bancos centrales con la mayor independencia[6] posible.
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