GEAB 123

Ya desde hace varios meses venimos anticipando una recuperación del poder político por parte de los niveles nacionales de todo el mundo, como necesidad derivada de la incapacidad estructural de los niveles supranacionales – pacientemente establecidos a lo largo de la segunda mitad del s. XX – para iniciar las reformas impuestas por la gigantesca reconfiguración geopolítica mundial y la transformación social inducida por internet. El hecho de que, por el contrario, estos niveles supranacionales hayan constituido esencialmente un lastre, contribuyendo a agravar los problemas en lugar de resolverlos, se debe a su ilegitimidad para gobernar. En un mundo donde los mecanismos democráticos, los ejércitos y las fuerzas de seguridad sigan siendo prerrogativa de los niveles nacionales, la cima de la pirámide de la gobernanza seguirá siendo el nivel nacional.

Un nivel nacional, sin embargo, atrapado en una red de acuerdos transnacionales fundados sobre un principio de desconfianza de la política que, a finales del s. XX, ha desembocado, de manera bastante general, en una relativa desaparición de la política, en beneficio de un “todo económico” que cede las riendas del poder a miles de intereses particulares, ellos mismos supranacionales y, como tales, eminentemente compatibles con dicho sistema supranacional.

Pero los intereses particulares a menudo son contrarios al interés de todos, el bien común. Y bajo esta red que impide cualquier toma de decisiones política importante, las crisis han golpeado cada vez más violentamente a las sociedades humanas, sociedades humanas que no pueden sino constatar, atónitas, la incapacidad de respuesta de sus dirigentes oficiales (electos o no, según cada país).

Ya han pasado diez años desde que experimentamos los primeros impactos. Diez años durante los cuales los niveles legítimos de gobernanza han luchado por recuperar el poder en un combate épico con estos sistemas supranacionales, algunos de los cuales nos han empujado al borde del precipicio. Pero en 2018, lo que nuestro equipo está constatando y anticipa como gran tendencia dominante es que, con los niveles “legítimos” de poder de nuevo al mando, todo va a cambiar muy, muy rápidamente. Hasta tal punto que estimamos que el mundo, para finales del año 2018, no se parecerá a nada de lo que hemos conocido hasta ahora.

Esta tendencia general pone en tela de juicio a la ONU, la OTAN, la OPEP, la OMC, etc., tal como las conocemos. Pero la UE es un ejemplo particularmente ilustrativo de este fenómeno. En este artículo, nos vamos a centrar en este nivel supranacional concreto, que sin duda es el más integrado del mundo, en el marco de una anticipación de “desactivación”, de aquí a las elecciones de 2019, del nivel integrado por los Estados miembros.

Los Estados Unidos de Europa no tendrán lugar

En el último número, no pudimos evitar mostrar nuestra sorpresa ante la reanudación de la actividad normal del sistema bruselense. Aparentemente, no éramos los únicos. En un mes, el arrogante regreso de un sistema tan característicamente fallido ha dañado seriamente su imagen. Vamos a elaborar este análisis con base en ciertos ejemplos particularmente impactantes.

Nuestros fieles lectores saben que siempre tratamos de anticipar la reanudación de las dinámicas europeas sobre la base de la zona euro. Pero también saben que creemos que solo un Euroland fundado sobre un proyecto de democratización de todo o parte del edificio europeo sería deseable y sostenible. Por ello, seguimos con interés el proyecto de reforma de la zona euro anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, fundado sobre tres simples nociones: mayor presupuesto, ministro de Finanzas de la zona euro y control democrático[1].

Este proyecto estaba a la espera de que acabaran las elecciones y después la crisis política poselectoral alemana para comenzar a concretarse. Pero esta “transición” se ha demorado demasiado, dejando la reforma de Euroland en manos de una Comisión Europea exclusivamente interesada en asegurar su posición en lo que sería un proceso de reforma fundada sobre la Europa de los 19 y no sobre su propia Europa, la de los 28 (o 27). Es así como el 6 de diciembre la Comisión Europea nos impuso la publicación de un libro blanco de reforma puramente tecnocrático cuyo “avance más audaz” consistía en proponer la creación del puesto de “ministro” europeo de Economía y Finanzas, sin más mecanismo democrático que la articulación a un Parlamento Europeo inalterado (que por tanto representa a los 27-28, no 19)[2].

Semanas más tarde, el Parlamento Europeo votó, por su parte, en contra de las listas transeuropeas[3], en una inevitable reacción de protección de sus intereses corporativos. Había que ser muy inocente para creer que los representantes nacionales que ocupan el hemiciclo europeo iban a aceptar hacer hueco a representantes europeos cuyo evidente valor añadido europeo podía cuestionar su propia pertinencia. Esta votación no ha sido ninguna sorpresa… y tampoco es razón para hacer que los partidos políticos transeuropeos dejen de trabajar en su propio progreso en el marco de las próximas elecciones europeas. No necesitan el consentimiento de los parlamentarios europeos actuales para presentarse. Dicho esto, el mensaje enviado por estas dos reacciones de supervivencia corporativa, más que de visión transformadora, han desacreditado considerablemente al sistema bruselense.

Durante este tiempo, Alemania se dejaba la piel por componer un Gobierno capaz de trabajar con Francia, especialmente en esta reforma de la zona euro. Asunto difícil, teniendo en cuenta la resistencia, cada vez más fuerte entre la población alemana, a continuar financiando las diferencias económicas en el seno de Euroland. Un foco de problemas políticos que, en parte, explica la demora y el hecho de que miembros del SPD de la Gran Coalición hayan terminado por ocupar los puestos más clave desde este punto de vista[4]. Aparentemente, los miembros del CDU prefieren dejar el trabajo sucio de Asuntos Exteriores y Finanzas a sus “oponentes”. No creamos que ha sido un regalo…

El motor franco-alemán parecía dispuesto a apoyar una reforma de la zona euro teóricamente deseable – pero no al precio de una pérdida de soberanía de los europeos en la gestión de los asuntos monetarios. No por casualidad, en el momento justo en el que la pareja franco-alemana parecía posicionarse para ponerse en camino, ocho países del norte de Europa (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Suecia), alguno de los cuales no son miembros de la zona euro, bloquearon toda esperanza de reforma del euro con base en un mecanismo supranacional, publicando una declaración conjunta que decía claramente: “La toma de decisiones debe permanecer firmemente en manos de los Estados miembros”[5]. El enfoque parece bastante antieurodemocrático, pues rechazan la idea de un control democrático de las políticas monetarias por parte del PE. Falta por saber si estarían de acuerdo con un control democrático por parte de un Parlamento de la zona euro, aunque resulta dudoso. En realidad, esta constituye una tercera reacción de defensa de los intereses corporativos. Tras la Comisión Europea contra una gobernanza externa de la zona euro, el PE contra las listas transnacionales, y los Estados miembros del norte de Europa contra la gobernanza común y democratizada de la zona euro. En los tres casos, lo que queda fuera de la ecuación son los ciudadanos europeos.

En su defensa, los riesgos que actualmente amenazan las próximas elecciones europeas, a continuación de la cual venimos anticipando desde hace ya bastante tiempo una posible caída del PE en manos de fuerzas muy eurocríticas, obligan a los Estados miembros a actuar para evitar probables encontronazos políticos en torno a la moneda común (volveremos sobre este punto más adelante).

Hay otro principal aspecto de europeización muy deseable que no se satisfará por falta de legitimidad política suficiente del nivel europeo será el de la defensa (que nos permitiría salir verdaderamente de la OTAN). Este ejemplo es aún más ilustrativo que el de la moneda: ¿cómo imaginar dejar las riendas de nuestra defensa en manos de una entidad no política y no democrática? Por ahora, la defensa europea seguirá siendo competencia de los Estados miembros que así lo solicitan a la CE, no para recuperar esta función, sino para hacer su trabajo: crear las condiciones para una mayor cohesión entre los Estados miembros, una misión que han cumplido muy precariamente en los últimos años. Buen intento de M. Juncker en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¡pero definitivamente no será posible![6]

Muchas veces comentamos que la historia no tiene botón de rebobinar y que nunca hay marcha atrás. A veces hemos estado tentados a pensar que este tipo de decisión constituye un paso atrás a nivel nacional en materia de gobernanza europea, pero significaría olvidar demasiado rápido que el sistema europeo, incluso durante estos últimos treinta años, nunca ha sido otra cosa que un sistema intergubernamental exclusivamente basado en la buena voluntad de los Estados miembros, sujetos a una toma de decisiones conjunta que se rige por principios que ellos mismos han dictado de manera conjunta. La crisis de los diez últimos años ha puesto de relieve que las interacciones intergubernamentales asociadas al principio de unanimidad resultan en una gran debilidad política a todos los niveles, por lo que los Estados miembros están determinados a limitarse a este juego europeo en peligro, creando un fenómeno de polarización entre un nivel europeo que reclama los plenos poderes para sacar adelante a Europa y niveles nacionales cada vez más ávidos por recuperar las riendas de su destino.

La desactivación estructural del nivel europeo con los ciudadanos está cerrando la victoria del único verdadero nivel de legitimidad política, el nivel nacional, dejando atrás el proyecto de Estados Unidos de Europa con el que ha soñado un sistema bruselense enloquecido por sus fracasos y su falta de realismo. Así pues, no se trata de un paso atrás, sino más bien de una vuelta a la realidad.

Gráfico 1 – Sondeos europeos: a la izquierda, sobre las cuestiones económicas, a la derecha, sobre la crisis de los refugiados. Fuente: Pew Research.

Hacia una crisis mayor del sistema bruselense

Una señal muy reveladora del proceso de desactivación de la Comisión Europea es la impresionante serie de pequeños escándalos que están estallando actualmente en torno a la institución. Estamos especialmente atentos a este asunto porque es una anticipación que tenemos en mente desde hace meses: una reedición del escándalo que la Comisión Santer (otra luxemburguesa, definitivamente…) sufrió en 1999[7].

Desde el pasado septiembre, han surgido (o resurgido) no menos de cinco pequeños escándalos en relación con el presidente de la Comisión, Juncker[8], el expresidente de la Comisión Barroso[9], dos comisarios europeos, Kroes[10] y Avramopoulos[11] y el principal consejero de Juncker, Selmayr[12], milagrosamente nombrado secretario general de la Comisión – el puesto más poderoso de todo el edificio comunitario – sobre una agenda ultrafederalista… con tintes demócratas. “En cuanto al caso Selmayr, los medios de comunicación ya emplean el término “Selmayrgate”. Puede que la situación se asiente rápidamente (o no), pero los daños ya infligidos al sistema decisional bruselense deben ser ciertamente considerables y van a contribuir a legitimar la recuperación del control por parte de los niveles nacionales. Estos “asuntos”, en cualquier caso, promueven la vuelta a la realidad de Europa a nivel nacional, en un momento en el que se demuestra – por la reanudación de acuerdos de libre comercio “al estilo CETA” o por la ampliación ciega hacia los Balcanes, mencionado el pasado mes – que ni siquiera la salida de uno de sus miembros más importantes, el Reino Unido, logra impulsar una reforma fundamental de las orientaciones y los métodos de la institución, un verdadero motivo para desearle la “muerte”.

Los EE. UU. de Trump también están trabajando en el desmantelamiento de la institución central europea, sobre la cual ya habíamos anticipado que probablemente no sobreviviría a la caída del eje transatlántico provocado por la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y en efecto, el anuncio de las tarifas arancelarias sobre los productos europeos exportados a territorio estadounidense ha obligado a la Comisión a responder con un aumento de los impuestos de importación de los productos estadounidenses[13], en una total negación de los dos principios más fundamentales de su ideología: eje transatlántico y libre comercio.

La gestión de la afluencia migratoria en 2016, uno de los asuntos que ha cuestionado de manera más directa el modo de gobernanza centralizado de la UE, también se encuentra en vías de redefinición en el marco de la reforma de los acuerdos de Dublín, que han regido la gestión de esta crisis. Dublín II establecerá claramente la soberanía de cada Estado para definir sus cuotas de recepción en función de sus limitaciones sociales, económicas y políticas[14].