La crisis financiera seguida por la crisis de la deuda ha llevado a un cambio sustancial en el mandato del Banco Central Europeo (BCE) y en la práctica a disposiciones más políticas. El BCE ha adquirido mandatos implícitos para salvaguardar el euro, pero también una política económica que va mucho más allá del objetivo original de la estabilidad de precios. La ambigüedad actual no puede durar y la ampliación del mandato podría ser uno de los grandes debates europeos de principios de los años 2020.
En el informe del BCE, publicado el 28 de marzo de 2017 por la Asociación contra la Corrupción y la Transparencia, titulado Transparencia Internacional[1], se planteó claramente la naturaleza del mandato de la institución y sus consecuencias para su responsabilidad. “Las medidas extremas tomadas por el BCE desde 2008“, dice el informe, “empujaron el mandato del BCE a su punto de ruptura, desafiando el marco de responsabilidad de la institución“. Desde su nacimiento hace cerca veinte años, el mandato del BCE nunca había parecido tan obsoleto.
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